Franklin D Roosevelt, presidente norteamericano en 1933, acuñó este plazo para recabar y mantener confianza y esperanzas ciudadanas prometiendo “actuar y actuar ahora”, frente a la desesperación provocada por años de depresión económica. Desde entonces el plazo suele tomarse como indicativo de gestiones. Contemporáneamente es referencia obligada de ciencias gerenciales. Niamh O’Keeffe en su libro del mismo nombre señala: “Los primeros 100 días… son un termómetro de la actuación futura de un líder”.
Al día siguiente de su toma de posesión decretó un feriado bancario para cuatro días después reformar la banca por ley. 15 días más tarde, obtuvo otra ley sobre activación económica sustentada en recortes presupuestarios provocadores de excedentes para invertir en proyectos generadores de empleos sometidos por la ciudadanía. 25 días después obtenía aprobación congresional a cuerpos civiles de Conservación Ambiental y sometía una reforma al patrón monetario del dólar para detener la especulación.
Balaguer sometió y obtuvo en apenas seis días de 1966 el rescate de finanzas públicas, aún implicando congelaciones salariales en tiempos post-revolucionarios, procurando crear excedentes para financiar un vasto programa de obras y forjar confianza en inversiones para el crecimiento y diversificación económica. Y clausuró aserraderos y carboneras.
Luis Herrera Campis, expresidente socialcristiano de Venezuela, al acudir a la retoma de posesión de Balaguer en 1986, aconsejó a los socialcristianos que formamos parte de ese gobierno, hacer o perfilar lo que pretendíamos hacer en los primeros meses: Eliminamos duplicación de empleos públicos, restablecimos disciplina fiscal, suspendimos proyectos insuficientemente estudiados ambientalmente (sulfuros auríficos y presa de Manabao), consultamos provincias para identificar proyectos prioritarios.
Hoy se cumplen 25 días del nuevo período de incumbentes nacionales y municipales. La trascendencia de medidas tomadas por estadistas ejemplares durante sus primeros días, citadas, contrastan con las insustanciales y tardas tomadas por autoridades recientes.
No perfilan encaramientos enérgicos a urgencias nacionales: Predominan aumentos salariales, denuncias, poses comunicacionales y tributarias junto a arbitrariedades que cuelan mosquito y tragan camellos.
Mientras, nuestras urgencias persisten hasta hacer lucir viejas o agotadas autoridades nuevas o renovadas: Sorprende que se sorprendan de desforestación, o declarando poemas o pronósticos inapropiados como respuesta. Quienes imponen sanciones son sancionados o desautorizados. Se agudiza falta institucionalidad: organismos hacen lo que no tienen que hacer y no hacen lo que deben. Pactos y diálogos carecen de credibilidad. Prosigue impunidad judicial, dispendio de gastos y desbordamiento de reclamos presupuestarios. Complejidades burocráticas siguen entorpeciendo, no facilitando. La violencia sigue sin respuesta.
Este escenario amenaza la legitimidad de autoridades emanadas de un proceso espurio como vuelve a evidenciarse internacionalmente
Afortunadamente emergen señales de reacción ciudadana que no debemos dejarlas amedrentar.