LA ÉTICA GUBERNAMENTAL COMO RESPUESTA A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA

La inseguridad ciudadana está constituyendo el problema con mayor incidencia en la vida dominicana. Para confirmarlo y ante la percepción generalizada que no se están reportando y registrando todos los casos delincuenciales, recurrimos a la ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES que levanta la entidad gubernamental OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA, con asesoramiento internacional.

Lamentablemente, el ultimo informe publicado sobre seguridad ciudadana por esa oficina corresponde a Agosto 2016.

Analizándolo observamos las siguientes conclusiones fundamentales:

Tres de cada cuatro dominicanos considera la inseguridad ciudadana como el problema de mayor incidencia nacional

72% de las conversaciones cotidianas giran alrededor de este tema

El miedo a la delincuencia aumentó un 8.4% durante el primer periodo de gobierno del Presidente Medina

44% de los ciudadanos dejaron de realizar alguna actividad económica o social, un 7.8% más que antes de iniciarse el segundo periodo de gobierno del Presidente Medina.

Prácticamente una de cada tres personas han sido víctimas directas, principalmente atracos y robos

Detener la inseguridad ciudadana requiere actitudes y comportamientos gubernamentales diferentes a las que se han venido siguiendo hasta ahora, centradas en el ámbito de sanciones punitivas y represivas, policiales y judiciales; cuyas instituciones, según las Naciones Unidas, son las más infiltradas por la corrupción.

El accionar gubernamental presente se materializa a través de operativos como el lanzamiento de agentes a las calles que no obtienen otro resultado que desnudar la negligencia previa de las autoridades. Y haciendo creer que dictando prisiones contra delincuentes se combate la delincuencia, aparentemente ignorando que nuestras carceles están sobrepobladas: sobrepoblación que generan costos elevados.

Los recursos financieros son insuficientes para sostener programas de regeneración de prisioneros por lo que se termina convirtiendo las carceles en focos de consolidación, programación y multiplicación de la delincuencia.

Para combatir efectivamente la delincuencia se requiere un cumplimiento más riguroso de la ética gubernamental, entendida esta como el conjunto de actitudes, normas y comportamientos idóneos destinados a promover el desempeño adecuado de funcionarios públicos. Se requiere asumir la ética y adoptar profilaxis efectivas ponderando variables hasta ahora ignoradas, partiendo de testimoniar con el ejemplo comportamientos gubernamentales inductores de comportamientos adecuados de la ciudadanía.

Para ello el gobierno debería:

Cumplir las disposiciones sobre Ética consignadas en la le 41-08 que en su Título IX un RÉGIMEN DISCIPLINARIO que en el artículo 80 contiene las siguientes prohibiciones específicas:

Hace cumplir el CÓDIGO DE PAUTAS ÉTICAS que el Presidente Medina dispuso al comenzar su gobierno en el 2012 para ser firmada por sus funcionarios designados a raíz de su toma de posesión.

(Al respecto sería conveniente que el gobierno informe si mantiene esta disposición, si la ha olvidado, si la ha hecho firmar por funcionarios designados posteriormente y que seguimiento le ha dado a los que los firmaron)

Frenar la ostentación y detentación de riqueza súbita exigiéndole a sus funcionarios el cumplimiento estricto de la ley 311-14 sobre declaración de bienes con sus correspondientes actualizaciones anuales establecidas por decreto y reglamentariamente.

Detener la impunidad a la delincuencia de cuello blanco que excusa la comisión de delincuencia común, exigiendo a la PGR cumplimientos más serios, creíbles y convincentes de las obligaciones puestas a su cargo.

Convenir calendarios y programas de regeneración con las naciones amigas que repatrían dominicanos que han cometido delitos en el exterior

Adoptar criterios más rigurosos para el reclutamiento y formación de agentes del orden público, cuidando que los delincuentes no se incorporen a esas instituciones.

Establecer control riguroso en el otorgamiento de permisos de porte y tenencia de armas mediante un mayor cumplimiento de las leyes vigentes.

8, Revisar la legislación vigente sobre tráfico y consumo de sustancias

Desarrollar programas comunitarios para abrir oportunidades formativas, organizativas y de asistencia técnica y crediticia al establecimiento de empresas y microempresas especialmente dirigidas la juventud de los barrios valiéndose para ello de organizaciones sociales: religiosas, deportivas, culturales, etc

Re orientar la política económica y de gastos públicos vía la adopción de una economía anti lectiva, de satisfacción de necesidades y generación de puestos de trabajo, en lugar de la economía especulativa que tenemos hoy ; invirtiendo en proyectos barriales comunitarios que reduzcan el hacinamiento y promiscuidad en viviendas, mejoren la infraestructura comunitaria y superen las precariedades de servicios públicos barriales

(Parte importante de esta reorientacion lo constituye una mayor equidad fiscal al tenor de lo dicho por las NNUU: “La corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal cuestan …billones de dólares… al año”, dinero que podría ser utilizada para financiar iniciativas como las sugeridas en esta declaración)

Nada de eso se está observando con la prioridad debida en el presente

Se recuerda que el Artículo 7 de la ley 1_12 a la que el gobierno está obligado por ley a cumplir estas obligaciones al establecerse como Primer Eje del Desarrollo: “Un Estado…con instituciones que actúan con ética…al servicio de la seguridad…la gobernabilidad, la convivencia pacífica…”.

Se recuerda además que el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por las NNUU y que el gobierno suscribió se centra en la promoción de sociedades pacíficas.

Exijámosle al a gobierno que cumpla las leyes y los compromisos internacionales asumidos en este tema de esencial importancia para la vida y actividades de los dominicanos.

 

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