Se incurre en infamia cuando el oprobio emana de una autoridad de alta jerarquía recurriendo a malvadas intenciones de desmeritar a una persona que en su desempeño ha concitado respeto y admiración. Y en la vileza de recurrir a fuentes anónimas o procedentes de fuentes desacreditadas en naciones donde la independencia de la Justicia constituye paradigma tan respetado que ha provocado renuncias, o puesto en jaque, la presidencia de la nación hoy más poderosa del mundo.

Y para colmo, la actuación del PGR estuvo revestida de alta dosis de crueldad al calificar de testaferro a una descendencia de la magistrada afectada por condiciones especiales de salud; pasando por alto que todo progenitor responsable aspira protegerlos ante el decurso de los inevitables acontecimientos deparados por nuestra mortalidad.

Ante el oprobio, infamia y crueldad, incurrido por el Procurador, el Presidente Medina está compelido a enmendarle la plana a su subalterno y/o resarcir el daño que ha provocado. Pudiera simple y llanamente destituirlo como lo están exigiendo diversas instancias de la sociedad. Pudiera, adicionalmente, y sería lo ideal, que propusiera sinceramente, sin las cortapisas bajo las mangas que suelen disponer los políticos caracterizados por el desdoblamiento, a la magistrada vilipendiada, como presidente de la SCJ.

Pero si el presidente Medina procede con el desentendimiento que nos tiene acostumbrados – recuérdese aquella pregunta de “cuál corrupción”, no saber qué había designado viceministro a una condenado, justificar funcionarios que no declararon sus bienes alegando ignorancia de la ley por los incumbentes o cuando ignora rendir cuenta del déficit y endeudamiento en sus mensajes a la Asamblea Nacional es la oposición la que está compelida a actuar: retirándose del CNM para cuestionar legitimidad de sus deliberaciones y resoluciones; yasí desenmascarar usurpaciones al ejercicio legítimo de la autoridad.