Fracaso del Bloque Progresista, dirigentes y esquema Político-Partidario

Un análisis de la reciente Encuesta Gallup-Hoy permite inferir el fracaso del Bloque Progresista, de dirigentes de partidos y de nuestro esquema político-partidario.
Más dominicanos consideran que el país está estancado o en retroceso, en proporción casi 2:1 con relación a los que consideran que está progresando (36%); testimoniando fracaso del Bloque autodenominado Progresista.
En ningún partido se observa liderazgo. El 85% de los dominicanos no visualizan quién será, entre su funcionariado dirigencial administrativo, candidato del PRD y PRSC. En el PLD, único de los partidos tradicionales que no ha sufrido descalabro electoral, hasta ahora, más de la mitad no reconoce liderazgo.
Sobre PLD, rector del Bloque Progresista y partido de gobierno, gravitan resultados que desmontan su “progresismo”: mayor inseguridad, delincuencia y corrupción; situación económica (desempleo e inflación) más mala que buena (51:16), mayor endeudamiento (73%), frustraciones educativas y en salud.
Y como al mismo tiempo, el 91% de los ciudadanos apoyamos la marcha del 22E tan espontánea que la mayoría concurrimos sin conocer sus cabezas convocantes; parecería que nos encontramos en un punto de inflexión entre el fracaso del esquema político-partidario vigente y el surgimiento de un accionar ciudadano potencialmente sustitutivo del esquema de conducción hasta ahora seguido.
Salvo, por supuesto, que los partidos tradicionales impriman aires de renovación que superen su agotamiento: en sus estructuras organizativas, procesos de funcionamiento, líneas programáticas. Que asuman una ética que sustituyan las reglas implícitas de repartición, connivencia y complicidad que nos han regido durante los últimos años. Y que el andamiaje poderes fácticos reconozca que la nación no puede ser conducida a buen puerto bajo la continuación de estas reglas determinantes de apuestas y confabulaciones en beneficio de particulares.
No podemos seguir pasando por alto o pisoteando el deber ser del ejercicio de autoridad y del poder: procurar el Bien Común; y de inspirarse en este bienestar para que cada vez más dominicanos vivamos mejor. Como tampoco podemos seguir ignorando y burlando las normas que nos hemos dado, particularmente las fundamentales expresadas en nuestra Constitución.
Es el caso de los derechos y deberes que ésta reconoce. Del régimen económico necesario para su consecución consagrados en artículos 217 y 218, mandatorios del desarrollo humano y un crecimiento económico sostenible que no puede alcanzarse con la gobernación deficitaria imperante. O de la proscripción de la corrupción mandada en el Artículo 146 que “condena toda forma de corrupción” precisándose que “Será sancionada…. toda persona… que prevaliéndose de sus posiciones… obtenga para sí o para terceros provecho económico.
Todo lo cual contrasta con funcionarios que, a pesar haber jurado respetar la Constitución y las leyes, practican el desentendimiento.

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