La decisión de la JCE de admitir la candidatura de Leonel Fernández refuerza la percepción que el próximo Presidente de la República será elegido en segunda vuelta. Conforme nuestra Constitución, este funcionario es Jefe de Estado y de Gobierno (art.128) y maneja las rentas nacionales (art.128.2.c). Alcanzar dicha posición reviste máxima prioridad por parte de nuestros actores político-partidarios que procuren reorientar el mal camino que, según todas las encuestas, está siguiendo la nación. Todas las demás acciones, incluyendo discursos y programas, orquestación y procura de alianzas y apoyos, deben estar supeditadas al objetivo presidencial con la coherencia debida.
Las alianzas y apoyos hasta ahora estructurados no parecen conducir necesariamente a coadyuvar este propósito, tendiendo más bien a confundir a electores y a exponer al fracaso una alianza armoniosa en la cada vez más posible segunda vuelta; no por las discrepancias ideológicas-programáticas de los pactantes sino por razones éticas de cómo encarar temas cruciales como, p.e., la corrupción.
Partiendo de la suspicacia que genera que la oposición haya pactado “por un Senado plural” cuando la primera cita electoral la constituyen las elecciones municipales fijadas para febrero. No es imprevisible que lo inmediato pueda provocar tropezones a lo mediato, entre otras razones, por haberse pactado asientos senatoriales incondicionalmente sin consignar compromisos programáticos; fuente potencial de discrepancias discursivas. P.e.: mientras unos candidatos senatoriales pregonan que combatirán corrupción en consonancia con líneas presidenciales del candidato opositor, otros silencian el tema. Esto se agrava al ponderar provincias no pactadas.
Tampoco se entiende la articulación orgánica. Grupos estructuralmente opositores pactan con otros cuya oposición es coyuntural, incluyendo corresponsables del orden de cosas imperante que se quiere cambiar. Lo lógico hubiera sido, dentro de una concepción coherentemente pluralista de la acción partidaria y de la sociedad, que los partidos estructuralmente opositores hubieran acordado primero como propugna la Coalición pro Generación Nacional tras un Pacto entre partidos tradicionalmente opositores-PRM, PHD, DxC, FA, APD, PRSD- y luego incorporar neo-opositores u opositores coyunturales que pudieran, eventualmente, protagonizar deserciones.
Extraña pues la falta de secuencia en pactos, agravados por la omisión en materia de diputaciones que puede agregar conflictos desertores.
Habiendo publicado el principal partido de oposición códigos de ética y lineamientos programáticos, resulta imperativo procurar evidencias que quienes pactaron los hayan debidamente internalizado y acogido.
Esto, para garantizar el éxito del pluralismo pactado. Pero más aún para evitar que pueda abortar p.e. ante las elecciones municipales de febrero o ante conflictos por diputaciones para mayo.
Y lo que sería peor, que deserciones y abortos dificulten alianzas y apoyos en la segunda vuelta hasta impedir el cambio de rumbo que necesita la nación.