De imprudencias y omisiones al imperio de la ley

La oposición venezolana tomó las calles de las principales ciudades venezolanas durante 100 días hasta que una acción imprudente del Capitán Caguaripano, al lanzar una aventura golpista, no solo fracasó sino que frenó el ímpetu de las protestas. Las movilizaciones sociales dominicanas crecían como bola de nieve hasta que algunas protestas y acciones se desbocaron y desarticularon frenando el impulso verde.
El independentismo catalán sustentado en una farsa electoral está espantando empresas, provocando crisis económica que puede tener graves consecuencias situaciones sociales y políticas.
Pero no solo generan costos las imprudencias cometidas sino las omisiones.
Por no cumplir las leyes, tres organismos del Estado Dominicano – OISOE, CEA y OMSA – han rebosado la copa de la corrupción hasta expresarse en hechos delictivos que se han cobrado vidas humanas mediante hechos violentos asociados a hechos de corrupción: extorsión, tráfico de influencia, privilegios en repartición de patrimonio público y chantajes.
Precisamente estos organismos debieron ser suprimidos, modificados y/o adscritos al tenor de la Ley 247 Orgánica de la Administración Publica promulgada el 9 de agosto del 2012. Dicha ley dio un plazo de un año para reestructurar el gobierno que todavía, a los cinco de promulgada, no se ha implementado. El caso particular del CEA afectado por la ley de capitalización de empresas públicas, ha convertido de hecho a este organismo en una especie de inmobiliaria de ventas o arrendamiento privilegiados que de cuando en cuando nos entretienen con noticias aisladas de recuperación de terrenos.
La economía no es una excepción al costo de imprudencias y omisiones. Ahora mismo se discute el Presupuesto 2018 caracterizado por la imprudencia de un gasto excesivo e inadecuado que hace depender del endeudamiento el incremento de las inversiones para incrementar el acervo de capital que se necesita para producir y generar más empleos.
Pero también contiene omisiones como el no presupuestar reclamaciones de obras previsiblemente condescendientes como los más de US$700 millones de ODEBRECHT, falta de transparencia en cuentas por pagar que el presente gobierno incrementa en señal que no se pagan y dar respuesta adecuada al plan de capitalización del Banco Central diseñado a diez años e implementado mediante la Ley 167-07, plazo vencido precisamente este 2017, sin que se cumplieran sus propósitos por incumplimientos gubernamentales de honrar en efectivo bonos emitidos y pérdidas operativas del Banco Central generada por decisiones gubernamentales.
Hasta tanto el Gobierno no se someta al imperio de la ley, y por supuesto de la Constitución, las imprudencias y omisiones seguirán facturando costos perjudiciales a la nación, su democracia y sus gobernados. Ojalá instancias nacionales asuman este propósito.

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