Gobiernos del PLD llevan 11 años incumpliendo con la Ley para la Recapitalización del Banco Central

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Hace varios meses que las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Hacienda prometieron un proyecto de reforma para la Ley de Recapitalización del emisor, que apenas en los dos primeros meses de este año agregó a su multimillonario déficit cuasifiscal más de RD$50 mil millones.

A pesar de responder con optimismo a los medios de comunicación cuando preguntan sobre la deuda, que al cierre del 2017 se acercaba a los RD$400 mil millones, los representantes de las finanzas públicas aún no depositan al Poder Legislativo la esperada propuesta que buscaría resarcir el incumplimiento a la Ley 167-07.

Cuando el 30 de enero de este año una periodista preguntó al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, sobre el proyecto que data de 2007 y que apenas en 2009 –por las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), según analistas– se destinó del Presupuesto Nacional los recursos estipulados en su totalidad (RD$17.437,2), su respuesta fue que ambas entidades habían elaborado dos proyectos y que solo era ‘‘un problema de sentarnos a afinar’’.

Ese mismo día agregó que las diferencias no eran abismales por lo que ‘‘eso se va a resolver pronto’’.

Sin embargo, tres meses después, Valdez Albizu, repitió que solo era cuestión de ‘‘ponerse de acuerdo’’ con Hacienda.

‘‘Hemos tenido como seis reuniones con ellos. Esta tarde [2 de mayo de 2018], a las 4:00, viene el grupo de los técnicos de Hacienda a reunirse con nosotros. Nosotros somos los más interesados en resolver este asunto…’’, dijo.

También el titular de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, mencionó el pasado 7 de marzo que el proyecto se encuentra ‘‘en una fase adelantada’’ y ‘‘que resolverá no solamente el flujo de pagos mensuales, sino también el tema del stock de la deuda’’.

En el año 2007, durante la segunda gestión de Leonel Fernández, se creó una ley que reconocía las pérdidas acumuladas del Banco Central durante más de 50 años (1947-2005). Subrayaba la crisis bancaria del 2003 como ‘‘una de las más graves de su historia, tras la caída del Baninter, uno de los bancos más grandes del sistema financiero y los problemas que presentaron Bancrédito y el Banco Mercantil’’.

La Ley No. 167-07 establecía en su Artículo 1 que el Banco Central recuperaría sus reservas económicas en un plazo de diez año, sueño que caducó en 2016, sin logro significativo.

ARTÍCULO 6.- Las partidas a ser consignadas anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, por concepto del pago de los intereses del total de los Bonos para la Recapitalización del Banco Central que hayan sido emitidos, se determinarán de acuerdo a la escala anual siguiente, en función de la estimación de crecimiento del PIB nominal que haya sido utilizada en la formulación del presupuesto del año de que se trate:

Año Transferencia % PBI

  1. . . . . . . 0.5
  2. . . . . . . 0.6
  3. . . . . . . 0.7
  4. . . . . . . 0.8
  5. . . . . . . 0.9
  6. . . . . . . 1.0
  7. . . . . . . 1.1
  8. . . . . . . 1.2
  9. . . . . . 1.3
  10. . . . . . . 1.4

De 2007 a 2016 ni las múltiples gestiones de Leonel Fernández o Danilo Medina pagaron al Banco Central lo que la Ley les obligaba. Se consignaba en el presupuesto el 50% de lo que correspondía entregarle.

Economistas insisten en que el Gobierno ha sido incapaz de lograr el saneamiento financiero y patrimonial del Banco Central por medio del desmonte del déficit cuasi-fiscal, la reducción gradual de los certificados emitidos por la institución y el desarrollo del mercado doméstico de la deuda pública.

Guillermo Caram puntualiza que el costo de la deuda del Banco Central con los agentes económicos, le traduce pérdidas y se suma a los otros dos grandes déficits de la economía: el fiscal del gobierno central y el externo como consecuencia del desfavorable comportamiento de la balanza comercial.

‘‘Al pagar estos intereses en dinero constante y sonante que incrementan la masa monetaria, la entidad emisora no recibe a cambio ningún activo como podría ser cualquier moneda fuerte.

‘‘Y mientras la deuda del Banco Central con los agentes económicos tiene un costo que se paga efectivamente, la deuda del Gobierno con el Banco Central no se paga, o solo se registra contablemente mediante cuentas por pagar y/o si se paga es en papeles que la incrementan; creándose un incremento centrífugo continuo de deudas, valores en circulación, pérdidas y déficits’’, cita.

Para Rafael Espinal, el incumplimiento a esta Ley se veía venir porque el precio de transferir ese monto era ‘‘muy alto’’ y el plazo ‘‘muy corto’’.

‘‘La solución de eso es extenderla, en mi opinión debería ser a 50 años, como lo hace Estados Unidos, que coloca bonos del Tesoro a 30 años, precisamente porque son deudas. Debería prolongarse lo más posible’’, aduce.

Sin embargo, contextualiza que en el caso dominicano, la Ley para la Recapitalización del Banco Central fue hecha para satisfacer las presiones del Fondo Monetario Internacional en el Acuerdo Stand By de 2009, que puso al Gobierno en jaque si quería un convenio. De hecho, una evidencia de ello–continúa–, es que solo el primer año de ejecución del acuerdo se destinaron los recursos que demandaba la Ley.

Cuando el FMI haga su próximo registro –considera Espinal–, levantará una bandera roja para el país porque es de interés de los organismos multilaterales que se ajuste esta situación.

Es una bobina de incremento de deuda anual, dice. ‘‘El efecto más inmediato es que seguiremos emitiendo cuantiosos bonos del Banco Central que van a seguir aumentando la deuda y el déficit cuasifiscal’’, agrega.

Caram menciona que para compensar el impago de esta deuda y mantener control monetario, la entidad financiera estatal ha instituido el retiro de circulante mediante la emisión de valores colocados a los agentes económicos que ascienden al cierre del 2017 a RD$481 mil millones.

‘‘Estos valores emitidos le generaron gastos por intereses a pagar por el Banco Central, en dinero constante y sobrante, por valor de RD$ 66 mil millones a un costo financiero que ronda el 14%, que contribuye a pautar señales alcistas al mercado financiero en perjuicio de una economía productora de bienes y generadora de empleos.

‘‘Estos gastos por intereses le generan al Banco Central una pérdida anual que en 2017 ascendió a RD$ 40 mil millones que de acuerdo a la ley citada, debió ser compensada por el gobierno y, como no se honran, pasan a incrementar la deuda del gobierno con el Banco Central’’, advierte Caram, exgobernador de la entidad.

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