De derrotas: precedencias social-política-electoral

Emmanuel Mounier, notable filósofo del socialcristianismo sostenía que la revolución o es moral o no es revolución. George Friedman, fundador de Strategic Forecasting, Inc., entidad privada dedicada a servicios de inteligencia, destaca en su libro “Los próximos 100 años. Pronósticos para el Siglo XXI” los efectos de la autoridad moral para preservar imperios y naciones. J. Fuentes advierte decadencia de estos cuando la autoridad es ejercida al margen “de normas morales y reglas de conducta”
Son tantos los relajamientos de normas y reglas que el Gobierno dominicano ha incurrido para tratar de retener el poder que está perdiendo la autoridad moral imprescindible para sustentar la autoridad política debidamente endosada con aprobación ciudadana. Indicio de ello es el descenso de su popularidad: Del 90% que tenía hace un año hasta conformarse, sus voceros más emblemáticos, con estar por encima del 50% que opiniones autorizadas regatean al apostar por segunda vuelta.
El Gobierno ha perdido autoridad moral al recurrir a golpes bajos para empañar personalidades y casos (Leonel-Quirino, Tucanos-Joao); ante su incontinencia de recursos para modificar Constitución y permitir reelección, para compensar pactos y acuerdos concertados con miras a ganarse adhesiones de franquicias y dirigentes; para financiar voces mediáticas.
Se pierde autoridad sometiendo a contratistas y suplidores al suplicio de retrasar pagos hasta impulsarlos a mafias coparticipando funcionarios, provocando suicidios y perjuicios vía fraudes bancarios. Al indigestar con publicidad engañosa diciendo “lo bueno que esto está” ante una ciudadanía indefensa y desesperada por delincuencia, carencia de servicios médicos fundamentales, apagones, taponamientos de tráfico, etc. Al efectuar millonarias inversiones en escuelas y hospitales subsistiendo carencias elementales.
Al depredarse nuestro medio ambiente permaneciendo indiferente como acaba de denunciar la Academia de Ciencias. Al ocultar vehículos oficiales en campaña forrándolos con papeles. Al presionar empleados públicos y beneficiados de programas sociales a concurrir a manifestaciones y controlarlos para garantizar voto a su favor.
Al organizar “graduaciones” para “graduar” a quienes ni siquiera sabían qué hacían en el acto.
Por menos que esto, Perú inhabilitó varias candidaturas presidenciales.
Esta pérdida de autoridad moral en la sociedad conduce a una derrota social que precede a toda derrota política; llegando a afectar la capacidad de gobernar para alcanzar lo que constituye su función esencial: consecución del Bien Común.
Algunos pudieran considerar que estas reflexiones son ponderables pero poco probable que traduzcan voto de castigo como sanción al Gobierno dentro del presente proceso, hasta provocar derrota electoral.
Si así fuera, habríamos pospuesto el encaramiento de nuestros males esenciales ya que nuestra sociedad quedaría reprimida, almacenando y acumulando inconformidades; haciendo susceptible la detonación y afectación de la legitimidad imprescindible para garantizar gobernabilidad.

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